El Consejo Local de la Mujer muestra “repulsa, indignación y desacuerdo” con la sentencia del caso de 'la manada'
Pleno del Consejo
El Consejo Local de la Mujer muestra “repulsa, indignación y desacuerdo” con la sentencia del caso de 'la manada'
El acuerdo se trasladará a los partidos políticos y el Consejo General del Poder Judicial sin el apoyo local del Partido Popular, miembro del consejo.
Tras conocerse la sentencia del caso de 'la manada', se convocó con carácter urgente pleno del Consejo Local de la Mujer, tal y como anunció el pasado viernes 27 la concejala de Políticas de Igualdad, Beatriz Labián. Una vez celebrada la sesión, el acuerdo recoge el rechazo de este órgano a la sentencia por mayoría, conseguido con la abstención del grupo municipal popular.
La edil manzanareña ha destacado que el Consejo, como órgano que lucha por la igualdad y la violencia hacia las mujeres de Manzanares, muestra en su comunicado “repulsa, indignación y desacuerdo con esta sentencia, que determina que la joven sufrió abuso sexual con prevalimiento, y no violación”, delitos que se diferencian en el uso de la violencia en el primero, y la intimidación en el segundo.
Durante el debate de la sesión se hizo un llamamiento a la urgencia de llevar a cabo el Convenio de Estambul, sobre todo, en lo referido a lo que se entiende como sexo no consentido. Con la clara intención de que sentencias como estas no vuelvan a repetirse, el Consejo incluye también en su comunicado la propuesta de cambio legislativo para aplicar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la reforma del Código Penal a estos efectos, y formación en perspectiva de género para jueces y juezas. El documento finaliza mostrando su desacuerdo “con una justicia que no protege a las mujeres”.
Comunicado del Consejo Local de la Mujer
“El Consejo Local de la Mujer como órgano de participación ciudadana que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, contra la violencia hacia las mujeres en nuestro municipio, queremos mostrar nuestra total repulsa, indignación y desacuerdo con esta sentencia. Esta sentencia determina que la joven sufrió abuso sexual con prevalimiento y no violación, delitos que se diferencian por el uso de la violencia o la intimidación en el último de ellos, con lo que entiende que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.
No preguntamos: ¿cómo se puede sufrir una violación en grupo sin que haya intimidación? ¿Cómo se puede tener más en cuenta la actitud de la víctima, en estado de shock, que la actitud de los agresores que la violaron repetidamente y además grabaron los hechos para compartirlos en las redes?
España es un país en el que se denuncia una violación cada ocho horas, indicador de la situación de violencia estructural que sufre la mujer y que tiene en este tipo de agresiones su expresión más extrema, estigmatizante y violenta. La intimidación y la violencia no se ejercen únicamente de forma expresa, sino que es más que suficiente la posición estructural de fuerza del hombre. Con esta realidad encima de la mesa nuestra sociedad, nuestras leyes, nuestro sistema judicial debe progresar e ir más allá de cuestionar a las víctimas y no a los agresores, ya que si no es así, perpetuará esta situación y se disuadirá de la denuncia a las víctimas.
El sistema legislativo, si quiere responder a las demandas sociales, debe considerar la violencia sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, como violencia de género ya que claramente es una violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Promover el cambio legislativo necesario, transponiendo el Convenio de Estambul, aplicando el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y reformando del Código Penal a estos efectos, está en manos de los partidos políticos que nos representan y a ellos hacemos este llamamiento.
El sistema judicial muestra, con sentencias como ésta, que no es ajeno al sistema patriarcal y que por tanto requiere urgentemente que sus jueces y juezas se formen en perspectiva de género. El hecho de ignorar lo que implica la discriminación de la mujer sitúa en una posición de absoluta injusticia e indefensión a la mitad de la población. Promover la formación de los y las miembros de la judicatura es competencia del CGPJ, y por ello le instamos a que promueva esta formación en el plazo más breve posible en atención a las futuras víctimas.
Y por último, consideramos que, ante este ataque a los derechos y a la libertad de las mujeres, a nuestra dignidad e integridad, no podemos mostrarnos sumisas ni debemos dejar de alzar nuestra voz y presencia en las calles, en todos los espacios, en las redes sociales, etc., para mostrar que no estamos de acuerdo con una justicia que no protege a las mujeres.”